Un freno judicial a los operativos migratorios
Un juez federal de Manhattan bloqueó este lunes los arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de los principales tribunales de inmigración de Nueva York. La decisión del juez Kevin Castel prohíbe que agentes del ICE detengan a la mayoría de los inmigrantes en los tribunales ubicados en 26 Federal Plaza, 290 Broadway y 201 Varick Street, salvo en situaciones relacionadas con seguridad pública o seguridad nacional.
El fallo representa un duro revés para una de las políticas migratorias más cuestionadas de la administración Trump y llega después de casi un año de enfrentamientos legales. Organizaciones defensoras de inmigrantes denunciaron que el gobierno federal había convertido las cortes migratorias en puntos de captura para personas que acudían a cumplir con sus audiencias.
La práctica que generó temor
Los arrestos comenzaron hace casi un año, cuando agentes enmascarados del ICE empezaron a patrullar los pasillos de los tribunales. Según las denuncias, los operativos no se concentraban en personas con órdenes finales de deportación, sino también en inmigrantes que atravesaban las primeras etapas de sus procesos migratorios.
Muchos asistían a audiencias preliminares para defender su permanencia en Estados Unidos, pero corrían el riesgo de quedar detenidos antes de presentar sus argumentos ante un juez. Esta práctica provocó temor entre miles de inmigrantes: asistir a una audiencia significaba exponerse a un arresto inmediato, pero faltar también podía derivar en una orden de deportación en ausencia.
El giro en el caso
En marzo, abogados del Departamento de Justicia reconocieron ante el juez que parte de los argumentos utilizados anteriormente eran incorrectos. En una carta a Castel, el gobierno admitió que un memorando de 2025 utilizado como respaldo de la política "no se aplica ni se ha aplicado nunca" a los arrestos civiles de inmigración en inmediaciones de tribunales migratorios.
A partir de ese reconocimiento, el juez concluyó que los demandantes probablemente podrán demostrar que el cambio de política fue "arbitrario y caprichoso". Por eso emitió una suspensión temporal mientras continúa el análisis del caso.
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